Escándalo en ChileAtiende: Funcionario acusado de usar Clave Única de terceros para patrocinar candidatura política

En un giro inesperado de los acontecimientos, el Gobierno de Chile ha anunciado acciones legales contra un funcionario de ChileAtiende, Manuel Mallea Gómez, por el uso malicioso de la Clave Única de terceros para inscribir fraudulentamente patrocinios a favor de Manuel Fuentes Rosales, ex UDI y hoy candidato a alcalde por Peñaflor.

La respuesta del Gobierno

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha confirmado que se ha contactado con el director del Instituto de Previsión Social (IPS), ordenando la presentación de una querella contra Mallea Gómez. Según la ministra, el funcionario habría abusado de sus funciones y de la información a la cual tiene acceso para usurpar la identidad de otras personas y patrocinar una candidatura política.

Asimismo, la secretaria de Estado precisó que este funcionario ha sido suspendido de sus labores. Por su parte, el IPS también ha abierto un sumario administrativo y ordenado la suspensión de Mallea Gómez.

Las reacciones de los involucrados

Cuando se intentó contactar al funcionario individualizado, Manuel Mallea Gómez, este no quiso entregar declaraciones.

Por otro lado, Manuel Fuentes Rosales, el exalcalde de Peñaflor y candidato a la alcaldía, descartó rotundamente las acusaciones y sostiene que acá hay una intervención política en su contra.

Conclusión

Este escándalo en ChileAtiende pone de manifiesto la importancia de la seguridad y el uso adecuado de la Clave Única, así como la necesidad de garantizar la integridad de los procesos electorales. El Gobierno ha respondido con firmeza, tomando medidas legales y administrativas para abordar esta situación y enviar un mensaje claro de que no se tolerará el abuso de poder y la manipulación de la información confidencial.

A medida que se desarrollen los acontecimientos, es crucial que se mantenga la transparencia y se garantice que se haga justicia. Este caso servirá como un recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas y la protección de los derechos de los ciudadanos.