Polémica resuelta: Comisión aprueba levantamiento de secreto bancario en investigaciones tributarias
La Comisión de Hacienda ha resuelto la controversia y aprobado el levantamiento del secreto bancario en el proyecto de obligaciones tributarias. Esta medida ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico, ya que plantea importantes implicaciones para la privacidad financiera de las personas y entidades investigadas.
El acuerdo alcanzado incluye un mecanismo especial que permite la apertura de cuentas bancarias en casos de posibles delitos tributarios. Sin embargo, la oposición impuso una condición: que el contenido de las investigaciones se maneje bajo reserva. Incluso se acordó que el Servicio de Impuestos Internos deberá destruir los antecedentes si se comprueba la inocencia de las personas o entidades investigadas.
La Comisión de Hacienda continúa tramitando el proyecto de obligaciones tributarias y, con los votos de la derecha, se aprobó la propuesta del gobierno para el levantamiento del secreto bancario. Esta iniciativa establece un sistema simplificado o especial, en el cual el Servicio de Impuestos Internos deberá declarar que se persiguen posibles delitos tributarios y solicitar a los tribunales la revisión de la cuenta bancaria en cuestión. Si se cumplen los requisitos, se dará la orden para que el banco entregue la información en un plazo máximo de 45 días.
Gael Yeomans, presidenta de la Comisión de Hacienda, ha destacado que el gobierno cedió aspectos a la derecha para conseguir sus votos y lograr la aprobación del levantamiento del secreto bancario.
“Una de las aristas centrales era la publicidad o reserva de lo que se encuentre en cuentas bancarias investigadas: se definió que será en reserva absoluta y si se comprueba la inocencia de la persona, el SII tiene un plazo de 30 días para destruir la información”
El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, dio su voto a cambio de este alcance, mientras que el diputado independiente-Partido Por la Democracia, Carlos Bianchi, considera que el gobierno cedió demasiado con el objetivo de mostrar un logro político y hacer avanzar la iniciativa. Bianchi también señala que la derecha está satisfecha porque se mantuvo la reserva de los antecedentes.
A pesar de este avance, aún queda por resolver un asunto clave: la discusión legislativa sobre si la aplicación de la Norma General Antielusiva debe ser de carácter administrativo, en el Servicio de Impuestos Internos, o de carácter judicial.
