El teléfono del padrino Hermosilla y los cambios necesarios en el sistema judicial
El presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores, reiteró su preocupación por lo que, según su parecer, es “una seguidilla de revelaciones impensadas” en torno al caso Hermosilla. Además, señaló que “hoy nos tienen enfrentados a un manto de dudas sobre los nombramientos en el poder judicial; el sistema necesita de cambios profundos”.
Flores agregó que “el teléfono del padrino Hermosilla se abre y comienza a salir pestilencia y podredumbre ligada al tráfico de influencias, y ahora en el nombramiento de jueces y ministros. ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de Hermosilla? ¿Qué tan peligroso es esto para el Estado y para la democracia? Espero que el Ministerio Público tenga la fuerza y la firmeza para que todo el contenido de los whatsapp se transparente y se actúe y se corrija en consecuencia”.
El senador Flores enfatizó en la importancia de combatir la corrupción como una forma de contener el crimen organizado. Además, destacó la necesidad de revisar los mecanismos y procedimientos en el nombramiento de autoridades del Poder Judicial, promoviendo la transparencia y objetividad en dichos procesos.
Declaración de Funcionarios Judiciales y propuestas de cambio
La Organización de Trabajadores del Poder Judicial (OTJ) también se pronunció sobre el caso Hermosilla y las influencias indebidas en los nombramientos de jueces. En una declaración pública, expresaron su preocupación y solicitaron cambios en el sistema judicial.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, reconoció que siempre existe ayuda externa en los nombramientos y que la Asociación de Magistrados ha luchado por cambiar el sistema actual. La OTJ pide que se establezca un colegio nacional de la magistratura para garantizar un proceso objetivo y evitar prácticas éticamente cuestionables.
Responsabilidad y propuestas de acción
Las declaraciones del ministro Ulloa han generado polémica, ya que normalizan prácticas que van en contra de la ética judicial. Ante esto, se solicita a la Corte Suprema que inicie un sumario administrativo para investigar y sancionar a los responsables. Además, se propone convocar a una mesa técnica con diversos actores del sistema judicial para discutir propuestas de cambio que restauren la integridad y la confianza en la justicia.
