El oscuro negocio de la falsificación de certificados de defunción
En la región del Maule, el dueño de una funeraria ubicada en San Javier ha sido condenado a 4 años de cárcel por el delito consumado de falsificación de instrumento público. Esta impactante noticia revela la macabra historia de Fernando Humberto Morales Luna, quien buscaba captar más clientes a través de un método escalofriante.
El plan siniestro de Fernando Humberto Morales Luna
Según los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, Morales Luna ofrecía certificados de defunción a familias de personas fallecidas para aumentar su clientela. Sin embargo, en lugar de obtener los certificados de manera legal, este individuo optó por la falsificación.
Para llevar a cabo su plan, Morales Luna utilizaba talonarios de certificados médicos timbrados con la identificación y datos de su hija, quien es médico de profesión. De esta manera, falsificó en reiteradas ocasiones las causas de muerte de múltiples personas, sin la intervención de ningún profesional de la salud que realizara las atenciones o exámenes exigidos por ley.
Un peligro para la salud pública
Esta práctica ilegal no solo es un delito, sino que también implica un grave peligro para la salud pública. Las cartas de defunción e inhumación se emiten cuando se justifica previamente la causa de muerte por el médico que asistió a la persona en su última enfermedad. Al falsificar estos certificados, Morales Luna puso en riesgo la integridad de la comunidad y violó el Código Sanitario.
La condena y sus consecuencias
El fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, reveló que Morales Luna falsificó más de 50 certificados de inscripción de defunción del Registro Civil entre los años 2021 y 2022. Como resultado, el dueño de la funeraria ha sido condenado a 3 años y un día de presidio por falsificación reiterada de documentos públicos.
Además, Morales Luna también ha infringido el artículo 318 de las reglas sanitarias en tiempos de pandemia. Se descubrió que una de las falsificaciones correspondía a una persona fallecida por Covid-19, lo que demuestra la gravedad de sus acciones. Por esta razón, se le impuso una pena adicional de 541 días de presidio.
A pesar de la condena, el tribunal ha permitido que Morales Luna cumpla su pena bajo libertad vigilada. Sin embargo, también deberá pagar una multa de 25 UTM, lo que equivale a poco más de un millón y medio de pesos.
Una advertencia para la sociedad
Este caso impactante nos recuerda la importancia de la ética y la legalidad en todos los ámbitos de la sociedad. La falsificación de certificados de defunción no solo es un delito grave, sino que también pone en peligro la salud y el bienestar de las personas. Es fundamental que las autoridades estén atentas a este tipo de prácticas y que se tomen medidas para prevenirlas y castigarlas adecuadamente.
