Escándalo en Rancagua: Alcalde acusado de corrupción y fraude al fisco
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella criminal contra el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, por delitos asociados a hechos de corrupción como cohecho y fraude al fisco. Esta acción legal se suma a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público desde hace un año, tras la detección de irregularidades en licitaciones y contrataciones de servicios en el municipio de Rancagua por parte de la Contraloría.
La querella del CDE, presentada ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, se dirige directamente contra el alcalde Juan Ramón Godoy, quien habría cometido una serie de irregularidades en su calidad de presidente de la Corporación Municipal y alcalde en ejercicio de la comuna. Estas acciones habrían ocasionado un perjuicio económico al erario fiscal, al llevar a cabo una administración desleal de los fondos públicos.
Delitos cometidos por el alcalde
Según los antecedentes recopilados durante la investigación, el alcalde habría cometido diversos ilícitos, entre ellos:
- Pago de montos en exceso por licitaciones adjudicadas.
- Advertencia a particulares sobre licitaciones futuras para obtener beneficios económicos.
- Fragmentación de compras para favorecer a determinadas empresas.
- Adquisición de bienes sin seguir la normativa legal.
- Extensión de contratos por servicios sin la aprobación del Concejo Municipal.
Estos actos de corrupción han generado un gran revuelo en la ciudad de Rancagua y han llevado al Ministerio Público a solicitar la formalización del alcalde y otros cuatro imputados, incluyendo empresarios de la región, por delitos de corrupción. Aunque la solicitud de detención de los imputados fue rechazada por el tribunal, se espera que se considere la gravedad de los hechos y las penas asignadas a estos delitos.
Conclusión
El escándalo de corrupción protagonizado por el alcalde de Rancagua ha conmocionado a la ciudad y ha puesto en evidencia la importancia de combatir este tipo de delitos. La querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado y la solicitud de formalización por parte del Ministerio Público demuestran la determinación de las autoridades en hacer justicia y proteger los fondos públicos. Se espera que este caso sirva como ejemplo y se tomen medidas para prevenir y castigar la corrupción en todos los niveles de gobierno.
