Convenio entre Chile y Venezuela: la lucha conjunta contra el crimen organizado
El pasado 18 de enero de 2024, el Ministerio del Interior de Chile firmó un convenio de colaboración contra el crimen organizado con Venezuela. Este acuerdo ha generado gran controversia en la opinión pública, especialmente después del secuestro del ex militar venezolano, Ronald Ojeda.
El medio venezolano La Razón, opositor a Nicolás Maduro, afirmó que este convenio “abrió las puertas” al secuestro del ex militar, quien tiene asilo político en Chile. Según el medio, la firma del convenio “abrió las puertas de ese país a los organismos policiales y militares venezolanos, cuestionados internacionalmente tanto por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como por el Fiscal de la Corte Penal Internacional”.
Ante estas acusaciones, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien firmó el documento, desmintió rotundamente estas afirmaciones y las calificó como “una total mentira”. Aclaró que el convenio tiene puntos específicos de colaboración policial y no permite la cesión o transmisión de información a terceros ajenos a la función policial o investigativa.
Detalles del convenio
El convenio firmado entre Chile y Venezuela tiene como objetivo principal la mutua colaboración para facilitar información necesaria en la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos y delitos financieros, entre otras expresiones de la criminalidad organizada.
Además, se busca promover el intercambio de conocimiento especializado, resultados de análisis estratégicos y participación en actividades de capacitación. Ambos países reconocen su subordinación al ordenamiento jurídico de cada país y se comprometen a utilizar la información solo para los fines estipulados en el convenio.
El convenio tiene una duración de cinco años, los cuales pueden ser renovados o terminados anticipadamente si alguna de las partes lo considera conveniente. Además, se establecen acciones específicas que incluyen capacitaciones, intercambio de información investigativa, intercambio de información biométrica y decidactilar, generación de alertas tempranas, mantenimiento y actualización de listados de prófugos de la justicia, intercambio de información sobre personas procesadas y/o condenadas, intercambio de antecedentes penales y la posibilidad de acordar nuevas acciones o actividades según las necesidades y análisis que convengan.
Este convenio representa un paso importante en la lucha contra el crimen organizado en la región y busca fortalecer la cooperación entre Chile y Venezuela en materia de seguridad. Sin embargo, su implementación ha generado controversia y ha puesto en tela de juicio la efectividad y transparencia de la colaboración entre ambos países.
