El peligroso caso de las videollamadas a reos peligrosos
El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha generado gran controversia al referirse a la polémica decisión del juez Daniel Urrutia de permitir videollamadas a reos peligrosos en las cárceles del país. Esta medida, que finalmente fue revocada, ha puesto en entredicho la seguridad máxima de las prisiones y ha despertado preocupación en la sociedad.
En una entrevista con El Mercurio, el ministro Cordero expresó su preocupación por el impacto que estas videollamadas podrían tener en las cárceles de máxima seguridad. Según sus palabras, estas cárceles albergan a líderes de bandas de crimen organizado transnacional, y el país ha invertido una gran cantidad de recursos para garantizar su resguardo y control tecnológico.
El ministro Cordero advirtió que permitir videollamadas a terceros, sin tener control sobre quiénes son, diluye el objetivo principal de la seguridad máxima. Esto implica un riesgo para la integridad de las cárceles y para la sociedad en general.
El impacto en los derechos humanos
Además de la preocupación por la seguridad, el ministro Cordero también abordó el tema de las garantías de los reos privados de libertad. Según sus declaraciones, las organizaciones criminales afectan severamente los derechos humanos, especialmente en casos de trata de personas y afectación de los derechos de los niños y niñas.
El ministro enfatizó que la legitimidad del sistema institucional radica en combatir el crimen utilizando las herramientas del Estado de derecho. Permitir videollamadas a reos peligrosos podría socavar este principio y poner en peligro la seguridad de la sociedad en su conjunto.
Conclusiones
El caso de las videollamadas a reos peligrosos ha generado un intenso debate en la sociedad. Las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, han puesto de manifiesto los peligros que esta medida representa para la seguridad máxima de las cárceles y para los derechos humanos.
Es fundamental encontrar un equilibrio entre las garantías de los reos y la seguridad de la sociedad. El combate al crimen organizado debe llevarse a cabo dentro de los límites establecidos por el Estado de derecho, sin poner en riesgo la integridad de las cárceles y la seguridad de todos los ciudadanos.
