El escándalo que sacude a la fundación Procultura
En una acción sin precedentes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella en contra de la fundación Procultura por la aprobación indebida de más de $500 millones de fondos públicos. Según el CDE, estos fondos tenían un fin público específico, pero fueron utilizados de manera inapropiada.
La querella se basa en cinco convenios suscritos entre la fundación Procultura y la Seremi de Vivienda, en el marco de programas destinados a mejorar los asentamientos precarios y recuperar barrios en la región de Antofagasta. Estos convenios involucraron transferencias directas de fondos que no fueron utilizados para los fines establecidos.
Reacciones políticas y exigencia de sanciones
Ante esta situación, los parlamentarios de oposición han expresado su indignación y exigido sanciones drásticas para los responsables. La diputada Karen Medina del Partido por la Democracia (PDG) ha señalado la importancia de que estas investigaciones lleguen a término y se identifiquen a todos los responsables, incluyendo a los entes públicos y servidores públicos que han participado en este presunto fraude al fisco.
Por su parte, la diputada Carla Morales de Renovación Nacional (RN) ha destacado la necesidad de una investigación exhaustiva y la aplicación de sanciones correspondientes. Morales enfatiza que estos recursos no utilizados representan ayudas que no se concretan y mejoras que no se realizan, afectando directamente a las familias que podrían beneficiarse de estos programas.
El llamado a la acción y la transparencia
Los parlamentarios también han instado a las autoridades competentes a actuar con celeridad y transparencia para esclarecer estos hechos y garantizar que se haga justicia. Además, se han propuesto medidas para fortalecer los controles y la fiscalización en la administración de fondos públicos, con el objetivo de prevenir futuros casos de corrupción y asegurar una gestión transparente y eficiente de los recursos del Estado.
En conclusión, el escándalo que rodea a la fundación Procultura por el mal uso de fondos públicos ha generado una fuerte reacción por parte de los parlamentarios de oposición. La exigencia de sanciones drásticas y una investigación exhaustiva refleja la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos.
Caso Convenios: El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal contra la representante legal de la Fundación ProCultura, María Constanza Gómez, por el delito de apropiación indebida.
📸©AgenciaUno pic.twitter.com/oMKYoWkDqz
— AgenciaUno (@agenciaunochile) February 13, 2024
