El rechazo al desalojo del edificio Esmeralda
El consejero regional de Valparaíso, Percy Marín, expresó su rechazo a la idea de abandonar el edificio Esmeralda, sede del Gobierno Regional, argumentando que su desalojo inmediato podría tener consecuencias negativas para el comercio y la vida en la zona, lo que terminaría por lapidar la actividad en torno al edificio.
La controversia surgió cuando la Delegación Oficial de Valparaíso (DOM) emitió un oficio al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), al Gobierno Regional (Gore) y a la Delegación Regional Presidencial, solicitando el desalojo del edificio Esmeralda. La petición incluye la regularización del permiso de edificación y el pago de derechos atrasados.
Las razones detrás del rechazo
Frente a esto, el consejero regional cuestionó el trasfondo de la razón esgrimida en el oficio, destacando que el director de Obras Municipales, a pesar de estar en el cargo desde 2014, recién ahora está fiscalizando la falta de recepción de obras en el edificio.
Ante esta situación, Marín rechazó la idea de abandonar el edificio, enfatizando que la ubicación del mismo es crucial para atenuar los altísimos niveles de inseguridad que vive la ciudad, manteniendo un poco más seguro a un comercio tremendamente golpeado por el estallido de violencia, luego la pandemia y hoy la delincuencia y el crimen organizado.
Marín explicó que “prácticamente todo el comercio que vive alrededor, todos los restaurantes que están alrededor, se les va a acabar la poca y nada seguridad que tienen, producto de que ahí está el edificio. Si deja de funcionar, lo más probable es que todo el comercio, que toda la vida que está alrededor del edificio, termine. Y eso es tremendamente preocupante, porque ya hemos visto lo que pasa con los edificios desocupados en Valparaíso: Llegan los okupas, los destruyen y lo dejan inhabitable”.
La propuesta del consejero regional
Para evitar que esto suceda, el consejero regional propone la pronta elaboración de un nuevo proyecto de normalización del edificio. “Hablo de uno nuevo, porque ya el año 2009 existió un proyecto de normalización donde, entre otras cosas, se construyeron las escalas de escape, la presurización de la escalera central, redes de protección contra incendio, refuerzo de instalaciones eléctricas, detectores de incendio, sistema de alarma e incluso se realizó el pago de derechos municipales que en ese momento correspondían a 42 millones de pesos”.
“A esto se suma que se inició el proceso de regularización, las obras se ejecutaron, pero por alguna causa desconocida nunca terminó con la recepción”.
“Como autoridades, tenemos que velar por los funcionarios que trabajan en el edificio, pero también por todo lo que se ha construido en torno al edificio. Lo que es el comercio, lo que son los servicios que están alrededor, el equipamiento, porque todo lo que se ha construido cerca de ese edificio podría terminar gravemente afectado”, cerró.
