Un error imperdonable: pensiones de gracia a personas con antecedentes
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha admitido públicamente que la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales fue un grave error que nunca debió haber ocurrido. Este escándalo ha generado gran controversia y ha puesto en entredicho la transparencia y la legalidad de este tipo de beneficios.
El origen del problema
Según Monsalve, el procedimiento para otorgar estas pensiones se basó en una ley que permite al Presidente de la República concederlas de manera exclusiva. Sin embargo, una resolución exenta dictada por el exsubsecretario Galli estableció los antecedentes que debían solicitarse, pero no incluyó los antecedentes penales.
Esta omisión resultó en que durante el gobierno del expresidente Piñera se entregaran 21 pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, mientras que durante el periodo del Presidente Gabriel Boric se otorgaron 48 pensiones con esta misma situación. Estos números han generado indignación y han dejado en evidencia la necesidad de corregir esta situación de manera urgente.
Medidas correctivas
Consciente de la gravedad del problema, Monsalve se comprometió a tomar medidas para corregir esta situación. En primer lugar, se reparó el error mediante una resolución firmada el 22 de diciembre, la cual establece que siempre se deben solicitar los antecedentes penales para la entrega de pensiones de gracia en Chile. Esta medida busca evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro y garantizar la transparencia en este tipo de beneficios.
Además, el subsecretario del Interior se presentó ante una comisión investigadora y la Contraloría para dar explicaciones y asumir la responsabilidad por este error. Su compromiso es claro: trabajar para que el país nunca tenga que enfrentar una situación como esta nuevamente.
Conclusiones
La entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales ha sido un error imperdonable que ha generado un gran escándalo. Sin embargo, es importante destacar que se han tomado medidas correctivas para corregir esta situación y evitar que se repita en el futuro. La transparencia y la legalidad deben ser pilares fundamentales en la entrega de beneficios sociales, y es responsabilidad de las autoridades garantizar que esto se cumpla.
