La Fiscalía pide formalizar al general director de Carabineros Ricardo Yáñez
La Fiscalía Centro Norte ha ingresado una solicitud para formalizar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su presunta responsabilidad de mando durante el estallido social. En el escrito presentado por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, se acusa a Yáñez de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, en su rol como director Nacional de Orden y Seguridad.
Estos delitos se habrían cometido durante las manifestaciones y desórdenes registrados en 2019 y principios de 2020. Además de Yáñez, también se ha solicitado formalizar a Mario Rozas, quien en ese momento era general director de Carabineros durante el estallido social, y al exsubdirector, el general (R) Diego Olate.
Consecuencias para la carrera de Ricardo Yáñez
Esta solicitud de formalización podría poner en duda la continuidad de Ricardo Yáñez en su cargo como general director de Carabineros. Ante esta posibilidad, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ha declarado que se deben tomar decisiones con cautela y esperar a que la justicia determine si existen imputaciones concretas. Sin embargo, el objetivo principal es que la institución pueda seguir funcionando mientras se esclarecen los hechos investigados.
La defensa de Yáñez pide remover a los fiscales
Por otro lado, los abogados de Ricardo Yáñez han solicitado al fiscal nacional Ángel Valencia que se inhabilite a los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong de la causa. La defensa argumenta que estos fiscales tienen enemistad, odio o resentimiento hacia Carabineros, lo cual afectaría su objetividad e imparcialidad en la investigación.
La defensa de Yáñez ha denunciado que ambos fiscales carecen de la debida objetividad e imparcialidad para continuar con la investigación en su contra. Aseguran que han demostrado enemistad hacia el general director de Carabineros y la institución en otras investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019. Aunque la solicitud de remoción fue presentada en noviembre pasado, aún no se ha recibido una respuesta oficial por parte del fiscal nacional.
