¿Por qué el audio filtrado de Luis Hermosilla podría ser utilizado como prueba legal?

Este martes se dio a conocer un audio que revela cómo el abogado Luis Hermosilla se concertaba con otros individuos para realizar pagos de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). A pesar de que Hermosilla niega haber cometido algún delito y afirma que las pruebas obtenidas de forma ilícita no tienen validez, varios abogados explican por qué este audio podría ser utilizado como medio de prueba en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.

La legalidad del audio

Según el abogado y académico de derecho penal de la Universidad Diego Portales (UDP), Mauricio Duce, el audio solo sería considerado ilegal si fue grabado por una persona ajena a la reunión en la oficina de Luis Hermosilla. Sin embargo, si la grabación fue realizada por uno de los participantes de la reunión, no se configuraría un delito y el audio podría ser utilizado como prueba en el proceso judicial.

Esta visión es compartida por el abogado Cristián Riego, quien argumenta que si el audio fue grabado por uno de los asistentes a la cita entre los tres involucrados, no sería ilegal, ya que al contarle algo a una persona, se confía en su discreción. Además, Riego sostiene que en el caso de la comisión de un delito, el interés público prevalece sobre la privacidad, lo que dificultaría sostener la ilegalidad del audio.

La jurisprudencia y el uso de grabaciones

La abogada penalista Catherine Lathrop explica que, aunque generalmente las grabaciones de conversaciones en recintos privados están prohibidas por la ley, la jurisprudencia ha interpretado que cuando estas grabaciones revelan la comisión de un delito o buscan proteger el legítimo ejercicio del derecho a la defensa, pueden considerarse lícitas y utilizarse como pruebas en un proceso judicial.

Conclusión

En resumen, los abogados consultados coinciden en que el audio filtrado de Luis Hermosilla podría ser utilizado como prueba legal en el caso de corrupción. Si la grabación fue realizada por uno de los participantes de la reunión, no se consideraría ilegal y su uso estaría respaldado por la jurisprudencia. Esto podría tener un impacto significativo en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y cambiar el curso del caso.