¡Escándalo financiero! Superintendencia de Pensiones ordena suspender asesorías de Cuenta 2
La Superintendencia de Pensiones (SP) ha tomado una drástica medida contra la sociedad Aridum Asesorías e Inversiones SpA (Aridum), ordenando la suspensión inmediata de su servicio de asesoría financiera previsional relacionada con la Cuenta de Ahorro Voluntario, conocida como Cuenta 2. Esta decisión se basa en la falta de autorización por parte de Aridum para llevar a cabo dicha actividad, según ha señalado el regulador.
La medida fue tomada el pasado viernes y conlleva la eliminación de todos los contenidos sobre asesoría financiera previsional publicados en el sitio web de Aridum, así como en sus redes sociales y cualquier otro medio en el que la entidad esté operando. La Superintendencia de Pensiones ha ejercido sus facultades de fiscalización amparada en la Ley N° 21.314, que establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de mercado, incluyendo la regulación de la asesoría previsional colectiva.
Esta legislación fue promulgada tras la polémica generada por las actividades de asesoría previsional realizadas por Felices y Forrados. Es importante destacar que Aridum no forma parte del Registro de Asesores Financieros Previsionales, que es fiscalizado conjuntamente por la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Este escándalo financiero se suma a otros problemas en el sistema de pensiones. Recientemente, AFP Capital presentó una querella por una presunta estafa masiva en cuentas de ahorro voluntario. Además, la Superintendencia de Pensiones ha impartido instrucciones a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) en materia de acreditación de recaudación de cotizaciones y retiro de fondos de cuentas personales, reiterando sus obligaciones fiduciarias y la responsabilidad legal que tienen en la revisión de las operaciones realizadas.
Este escándalo financiero pone en evidencia la importancia de contar con asesores financieros debidamente autorizados y fiscalizados, así como la necesidad de una mayor transparencia en el sistema de pensiones. Los usuarios deben estar alerta y asegurarse de que los servicios que contratan cumplen con todas las regulaciones y requisitos legales.
