Escándalo electoral en Santiago
Los diputados RN Jorge Durán y Eduardo Durán, junto al jefe y a la subjefa de bancada, Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, han solicitado al Servicio Electoral (Servel) que inicie una investigación por presuntos domicilios fraudulentos que podrían afectar la democracia. Según el último padrón publicado por el Servel en 2021, se ha detectado que el 50% de los casi mil electores registrados en Santiago tienen su domicilio electoral en solo tres hoteles del centro de la capital: Hotel Montecarlo, El Conquistador y el ex hotel Carrera, que cerró en 2004. Además, otros 596 votantes aparecen registrados en pisos de un edificio de oficinas.
Un fraude a la democracia
Los diputados señalan que estos antecedentes sugieren que los domicilios proporcionados por estos ciudadanos son evidentemente fraudulentos y que el único objetivo de los responsables era aportar un caudal de votos relevante para cambiar el curso de un proceso electoral. Esta conducta no solo es reprochable desde la perspectiva de las reglas democráticas, sino que también está sancionada penalmente.
El diputado Jorge Durán ha expresado su preocupación por la situación, afirmando que es inaceptable que se registren domicilios de forma tan burda y vulgar como lo que se está viendo en la comuna de Santiago Centro. Ha solicitado al presidente del Servel, Andrés Tagle, que se inicie una investigación administrativa para determinar la veracidad de estos domicilios fraudulentos y cómo podrían estar afectando los resultados electorales.
Compromiso con la integridad electoral
Los diputados también han instado al Servicio Electoral a presentar una denuncia por la eventual comisión del delito descrito y sancionado en el artículo 54 número 2 de la ley N° 18.556 sobre Sistema de Inscripciones y Servicio Electoral. Consideran que esto sería una señal de compromiso con la integridad del sistema electoral y la democracia en general.
Este escándalo electoral ha generado un cuestionamiento a la institucionalidad electoral y ha puesto en evidencia la necesidad de investigar a fondo para garantizar la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales.
