El peligroso Tren de Aragua amenaza a jueces y fiscales
En mayo de este año, una frase marcó los casos que la justicia lleva en contra de integrantes de la organización delictual de origen venezolano denominada Tren de Aragua. ‘Llevaban muchos años en Chile y no sabíamos de su existencia hasta que se fueron delatando’, expresó el fiscal de Tarapacá, Raúl Arancibia.
Después de estas palabras, y de asumir su rol como persecutor preferente en la zona norte, el trabajo del Ministerio Público se ha intensificado para identificar y sancionar a estas personas que mediante células que se han instalado a lo largo del país. Esta situación ha desbaratado brazos de la banda internacional, pero también ha expuesto a fiscales y jueces a las amenazas de estos grupos.
La entrega de los nombres de testigos protegidos genera polémica
En este contexto, el juez Héctor Barraza de Arica sorprendió al ordenar la entrega de los nombres de testigos protegidos de la causa que investiga al clan de ‘Los Gallegos’. Si bien el fallo de la Corte de Apelaciones frenó esta decisión judicial, la defensa de estos delincuentes accedió a las identidades en sobres, por lo que la Fiscalía Nacional ordenó una nueva investigación para establecer responsabilidades. Una de las teorías que se maneja es que el magistrado resolvió por fuertes presiones, situación que se repite en varios tribunales y que tiene en alerta al Ministerio de Justicia.
En la cartera que lidera el ministro Luis Cordero aseguran que se han tomado todas las medidas para resguardar la integridad de los jueces y los fiscales. ‘No permitiremos que ocurran este tipo de amenazas, menos que se atente contra la integridad física de ellos. Las instituciones están funcionando adecuadamente y no se permitirá que exista ningún tipo de atentado contra un fiscal o un juez’, dijo el subsecretario Jaime Gajardo.
Resguardo para los testigos protegidos
En Arica, el proceso judicial contra el clan de ‘Los Gallegos’ que pertenece al Tren de Aragua contiene la declaración de 56 testigos protegidos. Y como la Defensoría Pública accedió a los nombres de quienes atestiguaron, el Ministerio Público se vio obligado a tomar resguardos por la peligrosidad de la banda y sus integrantes que están circulando en la zona.
‘De los 56 testigos, no hay ninguno que debería estar en la ciudad en estos momentos, a todas estas personas civiles las reubicamos’, confirmó el fiscal regional de Arica y de Parinacota, Mario Carrera.
‘De los recursos que tenemos nosotros que hemos invertido en la protección de esas personas, en su reubicación, en darles un alojamiento en otro lugar, lo que nos da cierto margen para esperar la resolución para ver cómo nos va en el tribunal, en la corte y si hay que tomar otra decisión a futuro’, relató el persecutor. La preocupación está en las víctimas, en los testigos y, eventualmente, en los funcionarios judiciales y de la Policía de Investigaciones (PDI)’, agregó en radio Universo.
