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martes, julio 2, 2024

Padre prófugo de la justicia por millonaria deuda en pensión de alimentos es detenido por la PDI

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Padre prófugo de la justicia por millonaria deuda en pensión de alimentos es detenido por la PDI

La Brigada de Investigación Criminal Ovalle logró un importante avance en la búsqueda de un hombre de 42 años, de nacionalidad chilena, que mantenía una deuda millonaria en pensión de alimentos. Gracias a diversas diligencias de análisis e inteligencia policial, los detectives lograron dar con el paradero del fugitivo, quien debía cerca de $15.000.000.

La PDI recibió la Orden de Arresto del Juzgado de Familia de Ovalle a mediados de julio, y desde entonces se inició una exhaustiva investigación para dar con el paradero del deudor. Los oficiales aplicaron diversas técnicas de investigación que finalmente dieron resultados, permitiendo establecer que el prófugo se encontraba en la localidad de Tulahuén, comuna de Monte Patria.

El subprefecto Daniel Leal, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Ovalle, destacó el trabajo realizado por los detectives y señaló: “Mediante diversas técnicas de investigación, los detectives pudieron establecer las frecuencias y horarios en que el prófugo realizaba su rutina. El requerido realizaba acciones para evadir la acción policial, ocultándose en diversos lugares”.

Según informó la PDI, la deuda de pensión de alimentos asciende a más de 14 millones 600 mil pesos. Esta situación es un claro ejemplo de la importancia de cumplir con las obligaciones económicas establecidas por la justicia, especialmente cuando se trata de la manutención de hijos.

Ley contra deudores de pensión de alimentos

La ley Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensión de Alimentos tiene como objetivo poner fin al no pago de pensiones alimenticias. Esta normativa busca proteger a las personas cuidadoras que no han recibido el pago de una o más mensualidades establecidas por el tribunal de justicia.

Además, la ley facilita el acceso a la información financiera de aquellos que no han cumplido con su responsabilidad alimentaria. En este sentido, el Estado tiene la responsabilidad de investigar las cuentas bancarias y los activos financieros de los deudores, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas por la justicia.

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