El escándalo que sacude a Revolución Democrática
Mientras el Ministerio Público y el Ministerio de Vivienda (Minvu) realizan indagatorias para establecer responsabilidades en el polémico convenio entre el seremi de Antofagasta y la fundación Democracia Viva por $426 millones, el partido Revolución Democrática (RD) se encuentra en el centro de la tormenta.
En medio del denominado Caso Convenios, RD ha tomado medidas drásticas expulsando a Carlos Contreras y Daniel Andrade, suspendiendo a la diputada Catalina Pérez y sumándose como demandante en el proceso. Estas acciones han marcado el futuro político de los militantes involucrados.
La oposición busca cambiar el rumbo
El Partido Republicano, desde la oposición, intenta cambiar la figura de RD como demandante en el caso. Dos diputados de la colectividad, Cristián Araya y Juan Irarrázaval, han solicitado la exclusión de RD como querellante en la causa por traspasos irregulares de recursos públicos a fundaciones, como es el caso de Democracia Viva.
Los legisladores republicanos argumentan que RD no puede ser querellante en una causa en la que ellos mismos están detrás del esquema implementado para obtener recursos públicos de forma maliciosa mediante fundaciones. Consideran que RD intenta pasar de victimarios a víctimas, cuando en realidad han causado un daño a la fe pública y a las instituciones del país.
Responsabilidad y transparencia
Los diputados republicanos exigen que RD responda ante los chilenos por la maquinaria que crearon para desviar recursos públicos con fines políticos, proselitistas y de campaña. Consideran que es impresentable que el partido que ideó este mecanismo ilícito sea querellante en el caso, intentando evadir su responsabilidad.
El escándalo político continúa y la investigación sigue su curso. Revolución Democrática se enfrenta a un momento crucial en su historia, en el que deberá rendir cuentas y enfrentar las consecuencias de sus acciones.
